Ya es ley: Colombia tiene una nueva reforma laboral. Impulsada por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio del Trabajo y el Pacto Histórico, esta norma marca un antes y un después para millones de trabajadores que ahora contarán con más garantías, estabilidad y dignidad.
La sanción de la reforma laboral representa una victoria histórica para el país y un logro clave del Gobierno del Cambio. No es solo un nuevo marco normativo, es la materialización de una promesa hecha al pueblo: que el trabajo deje de ser sinónimo de precariedad y se convierta, por fin, en un camino hacia una vida digna. Detrás de cada artículo aprobado, hay años de lucha sindical, demandas populares y voluntad política.
Este proyecto, radicado en agosto de 2023 por el Ministerio del Trabajo y defendido incansablemente por la bancada del Pacto Histórico, logró abrirse paso a pesar de los bloqueos, el hundimiento inicial y la presión de sectores económicos que querían mantener las cosas como estaban. El Congreso la aprobó el 20 de junio y el presidente Petro la sancionó cinco días después, enviando un mensaje claro: en Colombia, el trabajo vuelve a tener derechos.
Entre sus principales avances están:
- Estabilidad laboral reforzada
- Recargos nocturnos desde las 7 p.m.
- Pago del 100 % por trabajar domingos y festivos (de forma progresiva hasta 2027)
- Reconocimiento y regulación para repartidores y trabajadores de plataformas
- Protección frente al despido sin causa y garantías para madres gestantes y personas enfermas
Esta reforma fue impulsada desde el corazón mismo del proyecto de transformación nacional: no se puede hablar de justicia social sin tocar las condiciones materiales de quienes madrugan, reparten, cuidan, venden o construyen. Por eso, su aprobación es también una victoria política del Pacto Histórico, que defendió el texto original con firmeza, movilización social y coherencia programática.
Con la reforma laboral ya en vigencia, Colombia no solo salda una deuda histórica: se pone a la altura de su propio pueblo. El trabajo digno ya no será una promesa, sino un derecho que el Estado debe garantizar. Y eso, sin duda, es un triunfo del pueblo organizado y de un gobierno que decidió gobernar para las mayorías.