Bogotá, 25 de enero de 2023

Doctora
Claudia Nayibe López Hernández
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C

Carta Publica

Estimada Alcaldesa,

Hemos recibido con sorpresa, los y las Congresistas del Pacto Histórico, su pronunciamiento de rechazo con respecto al Proyecto de Ley “por medio de la cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones”, que presentará el Ministerio de Justicia y del Derecho ante el Congreso de la República en el segundo periodo de esta primera legislatura. Este proyecto, como su nombre lo indica, tiene el firme propósito de superar el estado de cosas inconstitucional que en múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha declarado (T-153 de 1998 y T-388 de 2013), reiterado (T-762 de 2015) y ampliado (SU-122 de 2022), dejando patente la grave situación penitenciaria que se traduce en la profunda crisis humanitaria que hoy afrontan las personas privadas de la libertad y que en ninguna sociedad democrática debería permitirse. Como la Corte lo ha señalado, no estamos ante un problema pasajero sino sistemático que impide el cumplimiento mismo de los fines de la acción penal como lo son la reinserción social y la protección al condenado.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza del Ministro Néstor Osuna, ha reiterado que este Proyecto de Ley no es ni un proyecto de excarcelación, ni tampoco un proyecto de impunidad. Por el contrario, lo que aquí se plantea es una discusión de los más altos niveles jurídicos y académicos con respecto a la continuación del modelo punitivista y encarcelador actual o, por el contrario, plantear un modelo alternativo resocializador y restaurativo centrado en la reparación integral de las víctimas. Los hilos conductores de la reforma se centran en: incorporar un modelo resocializador, humanizar el encarcelamiento y mejorar el sistema penal. Claro que es bienvenida la discusión, siempre que esta esté constituida por argumentos verdaderos y no meros eslóganes políticos que en nada enriquecen el debate.

Para todos es evidente que nuestro sistema penitenciario fracasó, no solo porque actualmente somete a decenas de miles de personas privadas de la libertad a condiciones infrahumanas, sino porque las funciones de la pena no se cumplen, no hay resocialización y la reincidencia es alta, pero además, el exceso de punitivismo tampoco garantiza la reparación integral de las víctimas. En cambio, lo que sí está causando este modelo de abuso del derecho penal es que el Estado colombiano termine cometiendo las injusticias que él mismo busca proscribir.

Solo para suscitar un debate más cualificado, y así salir de los lugares comunes que nos ofrece el populismo punitivo, comparto algunas cifras que cuantifican la dimensión del fracaso de la política criminal y modelo penitenciario actuales. Según datos del INPEC, la reincidencia en prisión domiciliaria es aproximadamente 6 puntos porcentuales inferior a la reincidencia que se presenta en prisión intramural. El hacinamiento ronda el 20.6% en establecimientos penitenciarios, en las estaciones de policía alcanza un 149,6% y en las URI este es de un 32%. Para poner un ejemplo, al cierre del año 2022 en nuestra ciudad, la Personería de Bogotá alertó sobre las cifras de hacinamiento en las URI y las estaciones de policía de la ciudad donde la URI de Puente Aranda presentaba un hacinamiento del 95%, es decir, para un cupo máximo de 350 personas, al momento de la medición contaba con 601 detenidos. Finalmente, en relación con el tema financiero la situación es igual de preocupante, pues bajo el actual modelo el déficit de recursos para infraestructura es de $5,1 billones y con respecto al sostenimiento anual es de $736 mil millones. Así pues, estas son algunas de las cifras que muestran que hoy el punitivismo como idea central de la política criminal debe revisarse y que posiblemente un nuevo modelo penitenciario bajo una política criminal restaurativa pueda ser el camino para superar la crisis humanitaria penitenciaria y de justicia que hoy afronta el país.

Por eso, estimada alcaldesa, le reiteramos la invitación a abrir el debate con la coherencia que nos demandan los temas del Proyecto de Ley aquí referido. Salir de las afirmaciones ligeras, es un imperativo que los tiempos actuales exigen de los tomadores de decisiones, pues en nuestras manos está la posibilidad de cambiar el estado de cosas que perniciosamente ha estancado el desarrollo y progreso de nuestra sociedad. No le neguemos a las generaciones futuras una política criminal y un sistema penitenciario moderno, justo y democrático que permita construir una Colombia en paz, para la vida y la libertad.

Gabriel Becerra Yáñez
Representante a la Cámara por Bogotá