Por: Gabriel Becerra
Lo ocurrido el 7 de agosto no fue simplemente una posesión presidencial. Fue la puesta en escena del proyecto político que comienza a gobernar Colombia y, al mismo tiempo, una preocupante demostración de debilidad del Congreso de la República, expresión de la representación popular y de la soberanía del pueblo.
Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia con su elección impugnada ante el Consejo de Estado y con un profundo cuestionamiento de legitimidad política: mantiene sin resolver el conflicto de lealtades derivado de su juramento ante la Constitución de los Estados Unidos y ha construido su liderazgo amenazando con “estripar”, perseguir y encarcelar a quienes considera sus enemigos.
Pero el sainete no lo protagonizó solo Abelardo. Una mayoría del Congreso se prestó para la burla y el menosprecio del propio poder público que representa. Aceptó que una ceremonia republicana se convirtiera en espectáculo personal y que el Congreso apareciera disminuido en un acto en el que debía representar, con autonomía y dignidad, al pueblo colombiano.
Fue lamentable ver a tantos colegas congresistas aplaudir. Más grave aún, ver entre ellos a quienes se proclaman herederos de las ideas liberales, mientras el nuevo gobernante les decía en la cara que quiere llevar a Colombia hacia atrás: al confesionalismo, al autoritarismo y al desmonte de derechos y libertades conquistados durante décadas. ¿Qué queda del liberalismo cuando se aplaude a quien reivindica precisamente aquello contra lo que lucharon históricamente las libertades liberales?
La posesión confirmó además el intento de instrumentalizar la espiritualidad y las creencias de nuestro pueblo. Una ceremonia republicana terminó convertida en escenario de militancia religiosa y política, contrario al carácter pluralista y laico del Estado construido por la Constitución de 1991. Hasta hubo espacio para hacer loas al Estado de Israel.
No es un detalle. Cuando desde el poder se pretende imponer una verdad política, moral o religiosa, quienes pensamos distinto dejamos de ser tratados como adversarios y comenzamos a ser señalados como enemigos. Y cuando el poder fabrica enemigos internos, la democracia y la vida entran en peligro.
Abelardo representa una nueva Regeneración neoconservadora: autoritarismo, confesionalismo, subordinación frente a los Estados Unidos, privilegios para terratenientes y élites financieras y una ofensiva contra las conquistas sociales y democráticas del pueblo colombiano.
No vienen solamente contra el gobierno anterior. Vienen por las reformas, por nuestros derechos y por nuestras conquistas.
Vienen por la reforma agraria, los derechos laborales, la educación y la salud como derechos, las pensiones, la paz y la soberanía nacional. Amenazan las grandes conquistas democráticas de la Constitución de 1991: la igualdad, el pluralismo político, las libertades de conciencia, cultos, expresión y movilización; los derechos de las mujeres y las diversidades; el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos; la participación ciudadana y el derecho a ejercer oposición.
También vienen contra la naturaleza. Revivir el fracking significa regresar a una concepción que coloca los intereses extractivos por encima del agua, los territorios, las comunidades y la protección ambiental. Defender la vida significa también defender la naturaleza y el derecho colectivo a un ambiente sano.
Pero hay una amenaza todavía más grave: la amenaza contra la vida.
No podemos normalizar que desde la Presidencia se estigmatice a millones de colombianos ni que se anuncien persecuciones contra la oposición. No podemos guardar silencio ante el riesgo de que ese discurso sirva mañana para justificar la represión, los encarcelamientos arbitrarios, la persecución política o la violencia contra el Pacto Histórico, sus dirigentes, los movimientos sociales y el pueblo movilizado.
Colombia ya conoce esa tragedia. Sabemos lo que ocurre cuando primero se señala, después se persigue y finalmente se pretende justificar la violencia contra quienes luchan por transformar el país.
Si tocan a uno, nos tocan a todos. Frente a cualquier intento de persecución política o violencia, el país democrático deberá responder unido, pacífica y masivamente. Nunca más aceptaremos la persecución ni el exterminio como instrumentos de la política. Nunca más el miedo y el silencio. La vida se defiende y la democracia también.
Abelardo no representa ninguna renovación política. Representa el regreso de las ideas más reaccionarias del viejo poder, ahora disfrazadas de irreverencia, espectáculo y falsa rebeldía. Es la restauración conservadora presentada como cambio. El intento de devolverles el poder a los terratenientes, las élites financieras, los grandes intereses económicos y las maquinarias que durante décadas trataron al Estado como patrimonio propio.
Por eso tiene todavía mayor significado la decisión digna del Pacto Histórico y de su bancada.
Mientras una mayoría del Congreso aceptó el menosprecio institucional y terminó aplaudiendo el sainete, nosotros decidimos defender la voluntad popular expresada en el Congreso de la República y no prestarnos a un acto de sumisión frente a quien pretende disminuir uno de los poderes del Estado que encarna la soberanía popular.
No fue una ausencia. Fue una posición política y una defensa de la dignidad del Congreso, incluso frente a quienes renunciaron a defenderla.
Y que nadie se equivoque: frente al autoritarismo no habrá silencio ni sumisión. Defenderemos la vida, la paz, la naturaleza, la soberanía nacional, las conquistas sociales y los derechos y libertades consagrados en la Constitución de 1991. Estaremos en el Congreso, en los territorios, en las calles y junto al pueblo movilizado. Haremos una oposición democrática, popular, pacífica y firme. Y si desde el poder pretenden atropellar la Constitución, perseguir a la oposición o arrebatarle al pueblo sus derechos, ejerceremos la resistencia democrática y la desobediencia civil.