El Comité Local de Derechos Humanos de Suba ha denunciado un hecho preocupante para los habitantes de esta localidad. En su denuncia, el CLODHS menciona que en el transcurso de una semana han aparecido alrededor de 7 grafitis o «pintas» alusivas al grupo paramilitar conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo cual genera temor e inseguridad en la comunidad.
No es la primera vez que aparecen grafitis o mensajes alusivos a este grupo criminal en Suba. El pasado 2 de agosto de 2023, en horas de la mañana, s e encontró un pendón colgado en el puente peatonal de la Transversal 91 que anunciaba la presencia de las AGC en la localidad. De igual forma, días después del 9 de septiembre de 2020, se hallaron pintas relacionadas con este grupo paramilitar en los alrededores del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Gaitana. Estos antecedentes demuestran la persistente amenaza que representan las AGC en esta zona de la ciudad.
Sin embargo, los grafitis y pendones no han sido las únicas formas en que los grupos paramilitares han demostrado su presencia en la localidad de Suba. En el mismo mes de agosto de 2023, circularon una serie de panfletos firmados por el grupo autodenominado «Águilas Negras», en los cuales se amenazaba a distintos colectivos de derechos humanos que operan en Suba, así como a líderes individuales como el presidente del Consejo Local de Juventud. Estas intimidaciones representan una grave violación a los derechos fundamentales y generan un clima de zozobra e inseguridad para los defensores de derechos humanos y líderes sociales en la zona.
La presencia de estos grupos paramilitares parece estar vinculada con el aumento de ciertos delitos en la localidad de Suba. Según datos de la Mesa Estatal de Bogotá (MEBOG) y la Secretaría de Seguridad del Distrito, si bien las cifras generales de criminalidad han disminuido, hay modalidades delictivas que vienen en aumento preocupante, tales como los hurtos con armas de fuego, la extorsión y el tráfico de estupefacientes. Estos delitos, que suelen estar asociados a la presencia de grupos armados ilegales, son los que más están afectando a los ciudadanos residentes en la capital.
No es coincidencia que en los barrios donde aparecen grafitis alusivos al paramilitarismo y se reparten panfletos amenazantes, sean los mismos sectores que presentan un mayor riesgo en cuanto a los delitos mencionados anteriormente: hurtos con armas de fuego, extorsión y tráfico de estupefacientes. Gaitana, Rincón, Tibabuyes, Lisboa, Prado Pinzón y Villa Cindy son las zonas de Suba donde se han registrado más casos de esta tipología delictiva y, al mismo tiempo, son los lugares con mayor presencia de pintas y mensajes intimidatorios asociados a los grupos paramilitares. Esta correlación sugiere una estrecha relación entre la actividad de estas organizaciones ilegales y el aumento de la inseguridad en dichos barrios.
Esta situación está cobrando cada vez más fuerza, tal como lo demuestra la Alerta Temprana 004 del 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre el incremento de grupos criminales organizados en 9 localidades de Bogotá. Sin embargo, a pesar de los hechos narrados hasta el momento, Suba no aparece incluida en dicha alerta temprana, lo cual es preocupante y requiere un urgente reconocimiento por parte de las autoridades competentes. La omisión de esta localidad en el reporte podría invisibilizar la grave problemática que enfrentan sus residentes y permitir que los grupos armados ilegales sigan expandiendo su control territorial y actividades delictivas en la zona.
El aumento de este fenómeno de inseguridad no surge de la nada. Durante su administración, la entonces alcaldesa Claudia López siempre negó la presencia de estos grupos armados ilegales en la ciudad, a pesar de las denuncias y evidencias aportadas desde distintas localidades. El Distrito nunca reconoció la existencia de estructuras paramilitares operando en Bogotá.
Esta negación impidió que se realizaran investigaciones rigurosas y dejó un margen importante para el crecimiento de estas organizaciones criminales. ¿Cómo se puede solucionar una problemática si no se le reconoce oficialmente? La falta de aceptación de esta grave situación por parte de las autoridades distritales ha dificultado una respuesta contundente y ha permitido que los grupos armados ilegales se sigan fortaleciendo en varios sectores de la capital.
Lamentablemente, el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no se aleja mucho de la retórica de la exmandataria. Galán arguye que la presencia de grafitis y panfletos amenazantes no proviene de grupos armados organizados, sino de delincuentes comunes que se apropian de los nombres de organizaciones más grandes para delinquir. Si bien se reconoce que en algunos casos esto pueda ocurrir, esta visión resulta muy limitada para hacer frente a la creciente inseguridad.
Acciones tan articuladas y a una escala tan amplia en la ciudad no pueden atribuirse únicamente a la delincuencia común y oportunista. Es necesario reconocer que existe una presencia coordinada y estructurada de grupos armados ilegales operando en distintas zonas, lo cual requiere una respuesta contundente de las autoridades más allá de minimizar el fenómeno.
Desde la bancada de la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, hemos tomado la iniciativa de adelantar la primera audiencia pública del año sobre seguridad, con el fin de escuchar a expertos y organizaciones civiles sobre este grave tema. Continuaremos fortaleciendo este frente, presentando las denuncias pertinentes en cada caso y buscando soluciones para esta problemática que se ha tornado difícil de superar. Desde nuestras curules, seguiremos apostándole al proceso de Paz Total, una paz que también llegue a las ciudades, que logre desmantelar de una vez por todas al paramilitarismo urbano y que brinde seguridad y tranquilidad a los ciudadanos.